Escribe Flavio Figallo R.

La Comisión de Educación tiene entre sus funciones la de fiscalizar las acciones del Ejecutivo, además de debatir las propuestas de ley que presentan las distintas organizaciones políticas a través de sus parlamentarios. Sin embargo, en general estas funciones han sido pervertidas por el devenir confrontacional de la política peruana. De un lado, el Gobierno se empeña en señalar que lo que hace y mantiene como política pública es en general lo adecuado y, del otro lado, la oposición parlamentaria considera que el país ha perdido el rumbo y debe sino cambiarse todo, revisarse y corregirse. Todo ello empañado además por un discurso en el que abundan las acusaciones y revelaciones, muchas veces falsas, de corrupción en el que unos se acusan a otros. 

En este contexto, la fiscalización se ha convertido en un arma política y las propuestas de ley en amenazas. Los congresistas ganan puntos ante sus correligionarios o la población haciendo propuestas cada vez más osadas para destruir a sus contrincantes de turno, y si algo de razón hubiera en alguna de ellas, esta se pierde en el fragor de la lucha. Como suele decirse: “cuando llega la guerra, la verdad es la primera víctima”.

Así las cosas, la Comisión de Educación arremete por tercera vez contra Sunedu pidiendo cuentas de contratos, licitaciones, perfiles profesionales, etc. Y al mismo tiempo se propone “fiscalizar el proceso de acreditación… [además de] promover y supervisar el uso del canon para impulsar acciones de investigación, desarrollo, innovación y uso de TIC’s…”. Las razones explícitas para ello son sospechas de corrupción, incapacidad profesional de los funcionarios, incumplimiento de los plazos para los trámites (especialmente cuando se trata de universidades no licenciadas o sancionadas), magros o nulos resultados en la mejora de la calidad de las instituciones, uso político de los instrumentos públicos, entre otras. Todas ellas fundadas en quejas de los propietarios de universidades que no han demostrado cumplir con las condiciones básicas de calidad para formar profesionales y académicos competentes, o en convicciones de que el “enemigo” está haciendo uso delictivo de un instrumento público para castigar a partidos de oposición, pues como se sabe hay vínculos entre estos propietarios y políticos contrarios al régimen.

Todos esto no es nuevo, los funcionarios públicos saben que una de sus tareas es dedicar tiempo, esfuerzo, e inevitablemente recursos públicos, para enfrentar las acusaciones y seguir avanzando. Claro que también están los que prefieren no hacer nada y permanecer ocultos para evitar cualquier acusación y que lamentablemente abundan en tiempos de convulsión como estos. Lo que sí es nuevo es que el período de licenciamiento concluye este año, y quedan 53 universidades en la cola, entre ellas algunas públicas y una mayor parte privadas.

Imaginemos qué pasaría si se deniega la licencia de la Universidad San Juan Bautista, uno de cuyos socios es congresista, y que tiene como asesora a un prominente miembro de Fuerza Popular. O si la Universidad Federico Villarreal, cuyas relaciones con el partido aprista son conocidas, no cumple con su plan de adecuación. Algo podemos colegir luego de las reacciones del propietario de Telesup, o deducir de las palabras del congresista Becerril defendiendo a otra universidad con licencia denegada; para no mencionar lo que dirían los cinco jinetes del aprocalipsis.

Hasta el 3 de setiembre de 2019 hay 265 resoluciones de INDECOPI, y 76 informes de Contraloría relacionados con  servicios universitarios.

Pero eso no es todo. Sunedu también supervisa que las universidades cumplan con las disposiciones legales vigentes. Así, por ejemplo, no es posible que una institución privada de educación superior utilice indebidamente sus fondos, menos para favorecer intereses particulares de alguien de sus miembros o allegados. Y, cómo sabemos, han aparecido varios casos como los de la UPSMP o Alas Peruanas. Esto para no hablar de la necesidad de mantener los atentos controles de INDECOPI para evitar cobros indebidos a los estudiantes de universidades privadas como ha ocurrido en la César Vallejo, UPC, PUCP, San Marcos, etc., o los de la Contraloría General de la República que ha detectado numerosos casos de malos manejos en las licitaciones que deben hacer las universidades públicas. Los efectos de estos sucesos han sido variados, en la PUCP se formaron comisiones investigadoras para delimitar responsabilidades, además de realizar cambios institucionales para prevenir situaciones semejantes; en otros casos se ha producido sanciones silenciosas, pero no existen políticas explícitas de prevención que conozcamos.

Hay pocas instituciones públicas que funcionan en el Perú, entre ellas están la mayor parte de las reguladoras, como es en el caso de Sunedu, que en general cuidan los derechos de los usuarios y supervisan los deberes de las instituciones prestadoras de servicios. Ninguna de ellas es perfecta, falta mucho camino por andar sobre todo en áreas como las del servicio educativo o los de salud. Por todo esto, vale la pena preguntarse si la Comisión de Educación de nuestro Congreso necesita una Comisión Investigadora de Sunedu para beneficio de los estudiantes y sus familias, o está apuntando a favorecer a los empresarios de la educación.